Gobierno y Bruselas acuerdan utilizar entidades públicas empresariales para alargar los fondos europeos más allá de 2026

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El Gobierno y la Comisión Europea han acordado que una serie de entidades públicas empresariales puedan canalizar los fondos europeos para que los grandes proyectos que no se culminen antes de 2026 –el último año permitido para ejecutar el dinero– puedan seguir recibiendo estos recursos más tarde.

Así lo confirmaron fuentes procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que aseguraron que esta es «la fórmula» que ha encontrado la Comisión para lograr que España absorba todos los fondos europeos que le corresponden –que ascienden a 163.014 millones de euros– sin contravenir el reglamento europeo.

El Ejecutivo llevaba tiempo tratando de convencer a Bruselas de la necesidad de alargar los plazos para poder ejecutar el 100% de los fondos. La Comisión, en cambio, había cerrado la puerta a modificar el reglamento, pero, en el marco de las negociaciones de la adenda al Plan de Recuperación, encontró esta «fórmula» para dar más margen a España.

Así, agencias como Enisa o el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) ganarán protagonismo en la parte final de la ejecución de los fondos. Estos organismos recibirán las trasferencias a través del Tesoro y, a partir de ahí, podrán culminar los proyectos que no estén finalizados al 100% por su gran envergadura.

Un ejemplo son los proyectos vinculados al hidrógeno, que requieren de más tiempo por la demora que causa la construcción de las distintas infraestructuras. Hasta ahora, cabía el riesgo de que parte de esos fondos europeos se perdiesen porque no hubiese tiempo para culminar la obra y, posteriormente, el proyecto.

Sin embargo, con esta «fórmula», el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá canalizar los fondos y alargar los plazos. No obstante, este acuerdo no aplicar a todas las líneas de inversión y varía según el proyecto.

SOLICITUD CUARTO PAGO

Con respecto a la solicitud del cuarto desembolso de fondos europeos –ahora programado para el segundo semestre de este año–, las mismas fuentes se remitieron a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, e insistieron en que se llevará a cabo con la máxima celeridad.

Quizás también te interese:  Las pymes se quedan al margen de la transformación digital por trazar objetivos cortoplacistas

No obstante, aclararon que la petición no tendrá que esperar a que haya un Ejecutivo con plenos poderes, sino que puede hacerlo el Gobierno en funciones actual. Así, todo depende de la aprobación definitiva de la adenda, que tiene que pasar por el Consejo de Estado. Allí, los 27 Estados miembro tienen que dar luz verde definitiva al proyecto y, entonces, España podrá solicitar el cuarto desembolso.

El Gobierno asegura trabajar de forma estrecha con la Comisión para acelerar los plazos de la solicitud de este cuarto pago, que tiene todavía algunas leyes sin aprobar, como la de Función Pública. No obstante, España se ha comprometido a aprobarlas con la máxima rapidez posible, una promesa aceptada por Bruselas porque la práctica totalidad de las reformas que quedan por cumplir estaban encarriladas en la anterior legislatura y decayeron por el adelanto electoral.

Asimismo, con respecto a cómo este retraso en los pagos ha afectado al impacto de los fondos europeos sobre el crecimiento económico, desde Asuntos Económicos aseveraron que su estimación se mantiene invariable y, por tanto, esperan que contribuya al PIB con tres puntos anuales de media desde 2021 hasta 2032.

INTERESES Y LISTADO DE BENEFICIARIOS

Con respecto al interés que se deberá pagar por los préstamos, que ascienden a 83.000 millones de euros, el Gobierno ha descartado avanzar cuánto se pagará por la deuda acarreada porque «no se puede anticipar y dependerá de cuál sea la evolución de los tipos».

No obstante, subrayaron que España saldrá beneficiada con respecto al coste que tendría financiar este importe a través del Tesoro al mismo plazo (30 años y con un periodo de carencia de 10 años).

Por último, las mismas fuentes aseguraron que el Gobierno trabaja en publicar ya la lista con los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos, un requisito exigido por Bruselas pero que todavía no se ha cumplido.

Entrada siguiente

Instituciones y empresas se unen para un análisis bioinformático sobre disbiosis oral

Mié Oct 4 , 2023
MADRID, 03 (SERVIMEDIA) Donte Group, Spiral, Telefónica, Google Cloud y la Universidad CEU San Pablo, acuerdan colaborar en un análisis biomédico de disbiosis oral para incluirlo como factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades sistémicas. Según informaron este martes sus impulsores el análisis bioinformático se realizará por medio de […]

Otras noticias relacionadas