– Coinciden en su crítica pese a sus posiciones contrarias en materia de vivienda
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), Montserrat Junyent, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, lamentaron que la aprobación de la Ley de Vivienda se aprobase con una «finalidad electoralista» tras los efectos que causará en su aplicación los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que el PSOE perdió hasta seis gobiernos autonómicos.
En declaraciones a Servimedia, tanto la representante del sector inmobiliario como la parte afín a los inquilinos, que mantienen posiciones opuestas al respecto del mercado de la vivienda, coincidieron en señalar que la aprobación de la norma, que entró en vigor el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones, estaba muy atada a la celebración de los comicios, pues algunas de sus medidas, como la regulación de precios, dependen de la decisión de los gobiernos autonómicos.
Junyent señaló que el avance de los partidos que se han mostrado contrarios a la aplicación de la norma «dibuja un escenario de mayor desequilibrio territorial y evidencia la realidad de una ley aprobada sin consenso», mientras que el anuncio de convocatoria de elecciones generales tendrá «incidencia» que se traducirá en una «mayor inseguridad jurídica».
Según la representante de Fadei, menos comunidades se decidirán a solicitar la declaración de zonas de mercado tensionado «hasta el punto de que Cataluña sea la única comunidad autónoma que tenga a la intención de tramitar el expediente que permita limitar la renta».
«Queda, si cabe, aún más evidente la finalidad electoralista de la ley. El escenario que se perfila no es el más idóneo para favorecer un incremento de la oferta de la vivienda en alquiler y la disminución de los precios. De hecho, sucederá todo lo contrario», indicó Junyent.
Por su parte, la representante de los inquilinos señaló que el texto aprobado «no garantiza el derecho a la vivienda en todo el territorio, ya que las medidas más urgentes dependen de que las comunidades autónomas las apliquen» y desde el Sindicato consideran que el derecho a una vivienda digna y estable «no debe estar condicionado por quién gobierne en tu territorio».
«Esta es la principal crítica que le hemos hecho desde el principio a la ley. Que se haya usado como baza electoralista en vez de abordar el problema de vivienda con firmeza y rotundidad», indicó Racu.
En este sentido, subrayó que es «necesario y esencial» intervenir el mercado de alquiler privado porque la situación es «insostenible», alcanzándose máximos históricos del precio del alquiler cada mes. «Sería de irresponsabilidad política no responder de forma estructural a un problema social que afecta cada vez a más personas, una población inquilina en crecimiento y cada vez más precarizada», indicó.
No obstante, apuntó que la regulación de precios «por sí sola tampoco será la solución», sino que debe ir de la mano de «un completo paquete de intervención que incluya la regulación del alquiler de temporada, la movilización de viviendas vacías y el aumento del parque público de vivienda, empezando por las de la Sareb».
