MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
Organizaciones agrarias y patronales de supermercados, industria de los alimentos, fabricantes y distribuidores y otros sectores que conforman la cadena de valor pidieron este lunes retrasar hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor del Impuesto Especial a los Envases de Plástico al considerar que «no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor».
Es la principal petición del comunicado remitido por las organizaciones Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y las patronales Asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza (Adelma), Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) y EsPlásticos.
Según estas organizaciones, la escalada de los precios del gas y la electricidad está causando «un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación», lo que se une a los impactos derivados de la guerra de Ucrania, entre los que destacan el «desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes, o combustibles», así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia Covid-19,
«Este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales», subrayaron.
Asimismo, apuntaron que, dentro de la Unión Europea, en general «no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular» y destacaron que, si bien otros países lo han planteado, como Italia, estos «son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones».
Por otra parte, advirtieron de que la implementación de un impuesto de estas características es «sumamente complejo», y necesita «un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados».
Las organizaciones señalaron que «las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación». Además, aseveraron que es «imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar».