MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción en 2022 a 200 personas físicas y jurídicas, al tiempo que concluyeron la investigación de 38 procedimientos.
Según informó este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estos datos por corrupción figuran en el balance realizado por esta institución correspondiente al pasado año y a su último trimestre.
En este sentido, durante 2022, los jueces españoles concluyeron un total de 38 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 164 personas físicas y 36 personas jurídicas. En total, los órganos judiciales dictaron 61 sentencias en todo el territorio nacional.
Por autonomías, el mayor número de procedimientos se dio en Andalucía, con 16 causas, seguida por Valencia (6), Madrid (6), Murcia (3), Cataluña (2), Extremadura (1), Galicia (1) y Aragón (1). También se abrió un procedimiento en la Audiencia Nacional y otro en los llamados órganos centrales de la Administración de Justicia.
DIVERSOS DELITOS
Respecto a las personas acusadas, también encabeza esta lista Andalucía, con 93 encausados, seguida por Valencia (45), Madrid (18), Audiencia Nacional (13), órganos centrales (13) y Cataluña (10).
Este balance o repositorio del CGPJ, que se puso en marcha en 2017, es de acceso público en la web ‘www.poderjudicial.es’. Permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados Y procesados, procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo, etc.), que se actualizan cada tres meses.
La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, al ser la que más altos índices de preocupación inspira en la sociedad.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como distintos delitos, entre ellos los de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias.
